Uruguay asumió la Presidencia del Grupo de los 77 y China para el año 2026 en un momento particularmente desafiante para el sistema internacional, marcado por tensiones geopolíticas, crisis climática, presiones financieras sobre los países en desarrollo y un debate creciente sobre el futuro del multilateralismo. El traspaso de la presidencia se realizó en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, tras la finalización del mandato de Iraq, que lideró el grupo durante 2025.
Creado en 1964, el Grupo de los 77 y China es la mayor coalición de países en desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas y actúa como un espacio clave de concertación política para promover intereses comunes en materia de desarrollo, cooperación internacional y reforma de la gobernanza global. Su presidencia anual cumple un rol estratégico en la articulación de posiciones colectivas y en la negociación con otros bloques y Estados Miembros.
Al asumir esta responsabilidad, Uruguay se posiciona al frente de un grupo diverso que representa la voz del Sur Global. Con una trayectoria histórica asociada a la promoción de la justicia social, la paz y el multilateralismo, el país asume la conducción del G77 y China con el desafío de impulsar consensos en torno al desarrollo sostenible, la equidad, la acción climática y una mayor inclusión de los países en desarrollo en la toma de decisiones internacionales.
En su discurso, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, recordó que el grupo nació de una demanda que sigue vigente: “desarrollo con dignidad, una distribución justa de las oportunidades y un lugar en las mesas donde se toman las decisiones”.
Guterres enfatizó que, frente a desafíos que ningún país puede resolver por sí solo, la cooperación internacional es más necesaria que nunca: “los desafíos globales siguen demostrando una verdad: ningún país puede resolverlos solo”.
El Secretario General llamó a redoblar el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, advirtiendo que, a solo cuatro años de 2030, persiste una enorme brecha de financiamiento y que el servicio de la deuda asfixia la inversión social. Reclamó una reforma profunda del sistema financiero internacional para que refleje las realidades actuales y no las de 1945, destacando la importancia del Compromiso de Sevilla para transformar la arquitectura financiera global.
En segundo lugar, abordó la emergencia climática, señalando que el mundo se dirige a un sobrepaso temporal del límite de 1,5 °C. El objetivo, afirmó, debe ser que ese sobrepaso sea “lo más pequeño, corto y seguro posible”, mediante reducciones inmediatas de emisiones, una transición justa fuera de los combustibles fósiles y una fuerte inversión en adaptación. Subrayó que la justicia climática exige proteger a quienes menos contribuyeron a la crisis y más sufren sus impactos, y reclamó financiamiento a gran escala, incluyendo el fortalecimiento del Fondo de Pérdidas y Daños.
Guterres destacó la necesidad de que la era digital sea un motor de inclusión y no de desigualdad. Señaló que el Pacto Digital Global ofrece el primer marco universal de cooperación en tecnologías digitales e inteligencia artificial, y anunció avances concretos como la puesta en marcha del Panel Científico Independiente sobre IA y el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA. Reiteró que “la tecnología debe ampliar las oportunidades, no las brechas, y avanzar los derechos humanos, no socavarlos”.
Finalmente, llamó a fortalecer a las Naciones Unidas a través de la Iniciativa UN80, orientada a construir una organización más eficaz, equitativa y ágil, capaz de responder a expectativas crecientes con recursos limitados, en estrecha colaboración con los Estados Miembros, en particular los países en desarrollo.
El discurso cerró con una elección clara para la comunidad internacional: “fragmentación o soluciones, división o resultados, interés propio estrecho o una determinación compartida de construir un futuro más justo”. En ese marco, Guterres reafirmó su compromiso personal de seguir apoyando al Grupo de los 77 y China en la defensa de la cooperación internacional, la justicia y la equidad, y en asegurar que las promesas hechas a los países en desarrollo se cumplan.