Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de Derechos Humanos en la atención a la pandemia por COVI-19

Cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada,

necesaria y no discriminatoria.

El uso de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia

debe ser declarado públicamente y debería ser notificado a los

órganos de tratado correspondientes cuando derechos fundamentales,

que incluyen el movimiento, la vida en familia y la asamblea, se

vean significativamente limitados.

Las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19

no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares,

minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva

bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado

para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos.

Las restricciones definidas para responder al virus deben estar motivadas

por objetivos legítimos de salud pública y no deberían ser

utilizadas solamente para anular el disenso.

Los gobiernos deben informar a la población afectada sobre el

significado del estado de emergencia, dónde se aplica y por cuánto

tiempo se supone que estará en vigor.

En países donde el virus va ya en declive, las autoridades deben

buscar regresar a la normalidad y evitar el uso excesivo de los

poderes en situaciones de emergencia para regular indefinidamente

la vida cotidiana.

Cuando miembros de las fuerzas militares llevan a cabo funciones

para hacer cumplir la ley, deberían ser responsables de sus acciones

ante autoridades civiles, y ser sujetos del derecho internacional de

los derechos humanos.

El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los malos tratos

y el derecho a no ser detenido arbitrariamente, siguen vigentes en

todas las circunstancias.

Es una respuesta inaceptable crear una situación en la que a una

mujer le resulte difícil o peligroso ir a un hospital a dar a luz.

El principio supremo debe ser que las medidas de emergencia se

apliquen con sentido humanitario. Las penas impuestas por su transgresión

han de ser proporcionales y no deben aplicarse de manera arbitraria o discriminatoria.