El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe se ha convertido en una de las zonas críticas de la pandemia de COVID-19, exacerbada por estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades. El COVID‑19 provocará en la región la peor recesión de los últimos 100 años y se estima que generará una contracción del 9,1% del producto interno bruto (PIB) regional en 2020. Esto podría aumentar el número de personas en situación de pobreza en América Latina en 45 millones (hasta llegar a un total de 230 millones de personas) y el número de personas en situación de extrema pobreza en 28 millones (llegando a un total de 96 millones de personas), poniéndolas en riesgo de desnutrición. En una región que experimentó un número significativo de crisis políticas y protestas en 2019, el aumento de las desigualdades, la exclusión y la discriminación en el contexto de la pandemia afectará negativamente el goce de los derechos humanos y los avances democráticos; situación que, de no atenderse, podría eventualmente derivar en malestar social y disturbios.

Antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya enfrentaba graves limitaciones estructurales: elevados niveles de desigualdad, limitaciones de las balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología, lo que se manifestaba en crisis cambiarias y de deuda recurrentes, bajo crecimiento, altos niveles de informalidad y de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres naturales y pérdida de biodiversidad. Los indicadores sociales negativos se veían —y siguen viéndose— agravados por las tasas extremadamente altas de homicidios y de violencia de género, incluido el feminicidio.

La recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia, salvaguardar los derechos humanos y mantener la paz, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los costos de la desigualdad en la región se han vuelto insostenibles. La respuesta exige encontrar un nuevo equilibrio entre el papel del Estado, el mercado y la sociedad civil, poner el énfasis en la transparencia, lograr un mayor grado de rendición de cuentas y niveles más altos de inclusión para consolidar la democracia, fortaleciendo el Estado de derecho y protegiendo y promoviendo los derechos humanos. Deben abordarse las causas profundas de la desigualdad, la inestabilidad política y los desplazamientos. Estas medidas, a su vez, exigen el establecimiento de pactos sociales para dotarlas de legitimidad y apoyo, un firme compromiso de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, así como una presencia efectiva, responsable y eficaz del Estado en todo el territorio. Los logros alcanzados en la consolidación de la paz durante los últimos tres decenios deben preservarse y profundizarse.

La igualdad es la clave para el control eficaz de la pandemia y para una recuperación económica sostenible en América Latina y el Caribe. A corto plazo, la igualdad ayuda a sostener los ingresos y la demanda agregada. La atención prestada a la inclusión social contrarresta el aumento de la xenofobia y la estigmatización de los grupos marginados. La activa contribución de la juventud debe ser reconocida, apoyada y aprovechada, ya que cerca del 17% de la población de América Latina y el Caribe tiene entre 15 y 24 años de edad. En la recuperación económica, la igualdad es fundamental para impulsar el crecimiento y la productividad de manera tanto directa —mediante el acceso a la educación, la alimentación, la salud y las oportunidades para todas las personas— como indirecta, evitando la concentración del poder económico y político que limita, captura y distorsiona las políticas públicas. En América Latina y el Caribe, reconstruir mejor implica reconstruir con igualdad.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres deben estar en el núcleo de la respuesta. Las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas por la pandemia; trabajan mayormente en el sector informal y en los sectores más perjudicados, su capacidad para absorber choques económicos es menor y se hacen cargo de mayores demandas de cuidado en el hogar, al tiempo que se ven más expuestas al aumento de la violencia en una región que ya mostraba tasas elevadas de violencia de género. Deben hacerse todos los esfuerzos para garantizar que las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) puedan disfrutar de sus derechos con plenitud, incluido el derecho a una vida libre de violencia, explotación y discriminación, el derecho a la salud y a la educación, al empleo, el salario y la protección social, así como la promoción de su autonomía económica y participación política.