La educación de niños, niñas y adolescentes en primer lugar

Desde el Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay expresamos nuestra preocupación con relación a la posible derogación del convenio entre la República del Paraguay y la Unión Europea en el sector de la educación, establecido con Ley 6659/20, por los posibles efectos que esta medida tendría sobre el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes del país.

A nivel global, el sector de la educación enfrenta una crisis que se ha profundizado durante los años de la pandemia de la COVID-19, y el Paraguay no constituye una excepción. Es de conocimiento público que los desafíos en el sector de la educación paraguaya son considerables. De acuerdo con la última evaluación PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos), de 2018, el 92%, 76% y 68% de los alumnos y alumnas matriculados en el Paraguay no alcanzan los conocimientos mínimos de aprendizaje requeridos, respectivamente, en matemáticas, ciencias, y lectura. Pese a los significativos avances generales en cobertura, de acuerdo con el MEC, en 2021, apenas el 13% de niñas y niños en edad escolar de prejardín asistían a la escuela, así como solamente 2 de cada 3 estudiantes cursaban la educación media.

En el marco de esta crisis de la educación, garantizar el derecho y el acceso a servicios educativos de calidad, incluyendo inversiones adecuadas, resulta prioritario para asegurar una formación adecuada de niños, niñas y adolescentes, que permita su posterior inserción en mercados laborales cada día más exigentes y competitivos.

Ante desafíos de tal dimensión, los esfuerzos mancomunados parecen esenciales, siendo clave la cooperación internacional como complemento de la inversión pública nacional.

Valoramos la cooperación internacional fundamentada en valores compartidos, en el respeto a la soberanía nacional y en un marco de garantías legales que permita que las relaciones multilaterales puedan darse sobre la base de la confianza, previsibilidad y respeto mutuo.

Garantizar el acceso a la educación, en la forma que el país soberanamente decida, asegurando las inversiones correspondientes que son necesarias, constituye un objetivo común que nos convoca a todos a fin de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes.